El nuevo proyecto de Ley que regula el acceso a la cobertura pública de los tratamientos de reproducción asistida sigue generando polémica: se calcula que aproximadamente 7.000 mujeres quedarán excluidas cada año cuando se apliquen los nuevos criterios.
Es precisamente entre el colectivo de mujeres solteras y parejas lesbianas dónde más está creciendo actualmente la demanda de estos tratamientos, llegando a representar hoy por hoy alrededor del 15% de las 86.000 mujeres que cada año acuden a un centro de reproducción asistida en España.
Sin embargo, según el redactado acordado en julio por el Ministerio de Sanidad y las consejerías de salud de las comunidades autónomas, se fija la existencia de problemas médicos que causen esterilidad como el principal criterio para acceder a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública.
Los expertos en reproducción asistida consideran que la aplicación de este como único criterio representa una discriminación contra determinados colectivos, por marginar a mujeres que deciden ser madres en solitario o con una pareja del mismo sexo.
Entre los tratamientos más habituales entre las mujeres sin pareja masculina destacan la inseminación artificial con semen de donante anónimo –un 72% del total–, seguida de la recepción de embriones de otras parejas.
Entre las parejas de mujeres que legalmente hayan formalizado su matrimonio, existe la posibilidad de llevar a cabo una fecundación in vitro en la que una de las mujeres aporta los óvulos para que, tras la fecundación con el esperma de un donante anónimo, los embriones resultantes sean transferidos al útero de su pareja para que lleve adelante la gestación. De este modo, ambas mujeres de la pareja juegan un papel activo en la consecución del embarazo.
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